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Son las 5 de la mañana y Ceferina, jornalera agrícola migrante de 30 años de edad, comienza su día en el municipio de Autlán en el sur de Jalisco, México. Ella junto con su familia vive en un albergue al que han accedido por trabajar en los cultivos de hortalizas y caña; ahí comparten parte de sus días, con muchas más familias jornaleras provenientes de diferentes partes del país, principalmente del sur de México.

Un día, hace algunos años, el jefe Egunu Williams acababa de volver a casa de su granja en el sur de Nigeria cuando un hombre de una comunidad cercana llegó pidiendo un préstamo. 

La vida era dura para Violeta y su familia en su pequeño pueblo, Kabash, a dos horas de viaje desde la ciudad de Puka. Todo estaba lejos — el dispensario, el hospital, las oficinas administrativas locales. Con lágrimas en los ojos, recuerda el momento en que su pequeña hija se desplomó y apenas recuperó la conciencia, sin que hubiera ningún hospital cercano para atenderla.

Han pasado seis meses desde el golpe militar en Myanmar, donde hay una gran preocupación por el creciente impacto de la crisis que se está profundizando a nivel político, humanitario y de derechos humanos, afectando así a la población del país.