De sobrevivientes a agentes del cambio: cómo las mujeres están combatiendo la violencia digital en México y Bolivia
La violencia digital contra las mujeres está aumentando considerablemente en toda América Latina. Para las mujeres que participan en la vida pública —políticas, periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos— el abuso en línea no es solo una intromisión. Es un arma. Y no se limita al ámbito digital.
El abuso comienza con un mensaje, un deepfake, un ataque de doxing. Luego se extiende a la vida real: miedo, autocensura, pérdida de empleos, agresiones físicas. Un estudio de ONU Mujeres de 2023 sobre la violencia digital contra las mujeres en la vida pública en América Latina reveló que la mitad de las mujeres entrevistadas habían sufrido amenazas, toqueteos en espacios públicos o habían visto cómo sus fotos se utilizaban como arma en las redes sociales para acosarlas. La violación era la amenaza física más frecuente. En general, las mujeres informaron que la violencia digital se había normalizado como “las reglas del juego” en la política y el periodismo.
Pero las mujeres no aceptan esas reglas. En toda la región, las sobrevivientes están reformulando las leyes, exigiendo responsabilidades y redefiniendo lo que significa participar en la vida pública en la era digital.
México: cuando el trauma personal se convierte en un movimiento nacional por el cambio
En México, más de 10 millones de mujeres y niñas mayores de 12 años que utilizaron Internet en 2024 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses.
“Como sobreviviente de la violencia digital, he visto cómo esta violencia no se queda en la pantalla”, afirma Olimpia Coral Melo. “Se traslada a tu vida, a tu entorno, a tu presencia, a tu cuerpo y a tu memoria. A las sobrevivientes se nos hace creer que somos las culpables, mientras que las autoridades a menudo no actúan porque piensan que, si ha ocurrido de forma virtual, no es real”.
En 2013, Coral Melo grabó un vídeo íntimo con su pareja. El vídeo se compartió en Internet sin su consentimiento. Su vida se derrumbó bajo el peso de las culpas, el estigma y la indiferencia oficial. Cuando intentó denunciarlo, las autoridades le dijeron que no se había cometido ningún delito y la enviaron a casa. En aquel momento, la legislación mexicana no reconocía la violencia digital.
La periodista deportiva Marion Reimers sufrió un ataque diferente, pero igualmente brutal. Durante años, soportó un acoso coordinado en Internet por denunciar el sexismo en el deporte y los medios de comunicación. «Si alguien hackea mi cuenta o me agrede en la calle, el resultado es muy similar», explica. «La violencia digital también se extiende al mundo físico. Hay personas que, por ello, se autolesionan o son acosadas y agredidas fuera de Internet».
Los ataques le costaron a Reimers oportunidades laborales, dañaron su reputación y le provocaron depresión y ansiedad. Al igual que Coral Melo, se encontró con un muro de negación institucional: las fuerzas del orden tenían poca comprensión de cómo funciona la agresión digital y no existían protocolos para responsabilizar a las plataformas tecnológicas.
Ambas mujeres transformaron su trauma en una lucha por la justicia.
La Ley Olimpia: un hito regional para detener la violencia digital contra las mujeres
Entre 2013 y 2021, las sobrevivientes se organizaron, hicieron campaña, testificaron y ganaron. México reformó su Código Penal para reconocer la violencia digital de género y responsabilizar a los perpetradores por producir, difundir, almacenar o poseer contenido sexual íntimo sin consentimiento.
El movimiento se conoció como la Ley Olimpia, una iniciativa legislativa pionera en América Latina que contribuyó a dar visibilidad a la violencia digital contra las mujeres. Desde 2016, muchos países de la región han aprobado o modificado leyes para reconocer la violencia digital como una forma de violencia de género. Entre ellos, Paraguay, Uruguay, Ecuador, México, Venezuela y Argentina han modificado sus leyes para incluir estas nuevas formas de violencia. Otros países, como El Salvador, Perú, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y varias naciones del Caribe (Belice, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Dominica, Cuba y las Bahamas), han promulgado leyes que penalizan ciertas manifestaciones de violencia digital contra las mujeres.
Ahora México está lanzando un Observatorio de Violencia Digital para rastrear tendencias, y OlimpiA, una herramienta de inteligencia artificial diseñada por sobrevivientes que ofrece apoyo en 30 idiomas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se está expandiendo por toda la región.
ONU Mujeres apoya a México en la elaboración de una respuesta nacional
Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ONU Mujeres está impulsando un proyecto para generar evidencia y orientar las políticas públicas que abordan la violencia digital, una crisis que afecta a más de 10 millones de mujeres y niñas en México, según datos del INEGI.
En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, creadores de contenido, periodistas, sobrevivientes y colectivos feministas, el proyecto creará un Observatorio Nacional sobre Violencia Digital. Para los próximos 16 Días de Activismo, México lanzará la campaña “Es real. #EsViolenciaDigital” para crear conciencia y prevenir el abuso en línea.
Sin embargo, los expertos sostienen que la justicia solo será real si las instituciones invierten en capacidades especializadas y si se exige responsabilidad a las empresas tecnológicas mediante normas de moderación de contenidos y respuestas centradas en las víctimas.
Bolivia: datos, documentación y retos democráticos
En Bolivia, la activista feminista Grecia Tardío está documentando cómo la violencia política contra las mujeres se ha trasladado a Internet.
Su trabajo con La Lupa Digital y el proyecto “Conectadas y libres de violencia” de ONU Mujeres crea alianzas, refuerza las capacidades locales e insiste en que los datos deben ocupar un lugar central en la defensa de los derechos digitales.
Tardío conoce de primera mano las consecuencias. Su cuenta de Facebook fue hackeada desde el mismo lugar donde trabajaba, lo que le costó años de registros digitales. “No es solo una cuestión de vigilancia personal”, afirma. “Crear entornos digitales seguros requiere protocolos, un intercambio responsable y un aprendizaje constante sobre los riesgos. Convertir la vulnerabilidad en conocimiento colectivo es una forma concreta de resistencia”.
Al igual que las sobrevivientes en México, Tardío se encontró con barreras institucionales cuando buscó justicia. “Los jueces, fiscales e incluso abogados a menudo carecen del vocabulario y los conocimientos técnicos necesarios para comprender cómo funcionan los entornos digitales o en qué consiste realmente un delito digital”, explica. “Existe confusión sobre lo que el trabajo forense puede y no puede hacer, y una clara falta de sensibilidad de género entre los actores que deberían garantizar la protección”.
Bolivia aún carece de leyes específicas sobre derechos digitales y delitos digitales. El sistema judicial tiene bajas tasas de condenas y una supervisión débil, por lo que las mujeres rara vez encuentran protección. Esto refuerza la impunidad y la peligrosa idea de que la violencia digital no tiene consecuencias legales reales.
Silenciar a las mujeres debilita la democracia
“Cuando se silencia a las mujeres que ocupan cargos públicos, toda la sociedad sale perdiendo”, afirma Tardío. “Bolivia puede tener una gran paridad política sobre el papel, pero muchas mujeres siguen enfrentándose a una presión normalizada para que dimitan, se mantengan calladas o suavicen su voz. En última instancia, esto debilita la democracia”.
Su mensaje es claro: “Lo que no se nombra, no existe. Si la violencia digital no se nombra y se castiga, seguirá silenciando las voces que el país necesita escuchar”.
El nuevo marco de Bolivia para la seguridad digital
En 2024, ONU Mujeres lanzó “Conectadas y libres de violencia” con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El proyecto sitúa a las mujeres en el centro del espacio digital, promoviendo la autonomía y la seguridad digital, generando evidencia sobre la violencia en línea, fortaleciendo las respuestas institucionales y apoyando las políticas públicas con perspectiva de género.
La iniciativa dio lugar a la primera encuesta nacional de Bolivia sobre las experiencias digitales de las mujeres: “Conectando Bolivia: radiografía de las mujeres en el mundo digital”. La encuesta identifica las formas más comunes de agresión digital y destaca las brechas de género en el acceso y el uso de la tecnología.
ONU Mujeres y sus socios también han desarrollado un conjunto de herramientas para funcionarios públicos, como la Fiscalía, el poder judicial, los proveedores de servicios jurídicos y otras personas que se ocupan de casos de violencia digital. Ya se ha formado a más de 500 funcionarios, se ha mejorado la coordinación entre instituciones y se han establecido vías de denuncia más claras para las mujeres sobrevivientes.
El programa también ha logrado el reconocimiento institucional y público de la violencia digital como una forma de violencia de género, incorporándola al debate político y mediático y fortaleciendo la capacidad del Estado para responder desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad.
La lucha por acabar con la violencia digital continúa
La violencia digital amenaza la libertad de expresión de las mujeres, su seguridad y su capacidad para participar plenamente en la vida pública. Pero en toda América Latina, las sobrevivientes se niegan a ser silenciadas. A través de la reforma legal, el activismo de datos, la organización comunitaria y la solidaridad inquebrantable, están demostrando que la lucha contra la violencia digital no es solo una cuestión de políticas, sino de valentía, resistencia y redefinición de las reglas del juego.
Esta noticia fue originalmente publicada por ONU Mujeres. Si desea saber más sobre el trabajo de las Naciones Unidas en México y Bolivia, consulte la página web del respectivo Equipo de las Naciones Unidas en el País.
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